La polémica proposición de ley presentada recientemente en el Parlamento andaluz por 3 partidos políticos debe entenderse en el marco del cambio climático en Andalucía. Este conflicto aparece simbólico de la presión que puede llegar a ejercer el sector primario sobre el ámbito político, a pesar de incidir en un enclave tan señalado para la biodiversidad mundial como lo es Doñana. Se trata desgraciadamente de una clara demostración del conflicto de intereses entre las 2 principales administraciones competentes en el estuario del Guadalquivir respecto a Planificación (CHG) y Concesión (Junta) del recurso hídrico. Este triste episodio prefigura un escenario de futuros conflictos alimentados por una demanda incontrolada, en un periodo donde la disponibilidad del recursos hídricos será cada vez más aleatoria en la cuenca del Guadalquivir. En este debate público, metido a político, entre "justicia social y medioambiental", faltaría considerar la voz de la comunidad científica tal y como ocurrió para el proyecto de dragado de profundidad en el estuario hace 10 años.